La reforma constitucional se presenta como una promesa de fortalecimiento democrático, pero encierra el riesgo de intensificar el centralismo y reforzar la continuidad de Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores.
Víctor Salmerón
Nicolás Maduro el pasado 4 de febrero
Tras una polémica reelección teñida de acusaciones de fraude, Nicolás Maduro avanza en una reforma constitucional que promete transformar la estructura del poder en Venezuela mediante las comunas. La idea viene envuelta con la promesa de entregar más poder al pueblo, pero amenaza con derivar en un mayor centralismo y en una estructura que refuerce su permanencia en la presidencia de Venezuela.
El pasado 15 de febrero, Nicolás Maduro designó una comisión encargada de elaborar un proyecto de reforma constitucional en un plazo de 90 días. En la comisión participarán los presidentes del Parlamento, del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Supremo de Justicia, el ministro de Defensa y la vicepresidenta de la República. Además participarán algunos miembros del partido de gobierno con escasa influencia.
Esto implica que los líderes de los poderes públicos, alineados con la continuidad del régimen, redactarán la columna vertebral de la reforma con el respaldo del general Vladimir Padrino, el ministro que ha garantizado la lealtad de las Fuerzas Armadas.
Maduro adelantó que la reforma tendrá entre sus objetivos principales incluir “expresa, tácita y ampliamente al poder comunal” y esta semana afirmó que “estamos en condiciones de una de las ofensivas históricas más importantes para terminar de pulverizar el viejo Estado burgués, burocrático, corrupto, aéreo, aislado, que desprecia al pueblo, que no lo oye, que no le resuelve los problemas”.
Qué son las comunas
El proyecto de reforma no se conoce, pero la Ley del Poder Popular, aprobada en junio de 2024, puede indicar hacia dónde se dirige el madurismo.
La comuna de acuerdo a esta ley es “un espacio socialista” que pretende impulsar el autogobierno. Las comunas están integradas por distintos “circuitos comunales”. Su funcionamiento depende de un registro bajo control del Gobierno.
“Hoy tenemos 5 mil 338 circuitos comunales que cubren todo el territorio del país, casi el 100% del territorio nacional”, dijo Nicolás Maduro esta semana y agregó que la meta es que en 2027 existan 6.000 comunas “consolidadas en su proceso sociopolítico como autogobierno, con eficacia política y con mucha calidad democrática, revolucionaria”.
La idea de las comunas fue impulsada originalmente por el expresidente Hugo Chávez, cuyo proyecto de reforma constitucional fue derrotado en las urnas en 2007. Tras este fracaso, Chávez reconoció la victoria de la oposición pero decidió introducir las comunas a través de leyes. De esta manera, creó un estado paralelo al margen de la Constitución.
Un elemento clave es que Hugo Chávez incorporó a las organizaciones comunitarias a sus campañas electorales generando una relación estrecha entre el partido y los integrantes de las comunas.
“Las comunas son el Partido Socialista Unido de Venezuela en el barrio. No ha habido un solo proceso electoral en el que no hagan campaña por Chávez en su momento o por Maduro”, dice un dirigente del partido opositor Primero Justicia en La Vega, una zona de clase baja en Caracas, que prefiere mantener su identidad en reserva.
El fondo para los proyectos
El madurismo creó una estructura donde el Gobierno aprueba recursos y las comunas o circuitos comunales votan para elegir qué proyecto desarrollar en el barrio. En lo inmediato ya se estableció un fondo con 800 millones de dólares para financiar estos proyectos.
A finales del año pasado Nicolás Maduro explicó que el plan es avanzar en un esquema donde las comunas, mediante transferencia directa del Gobierno, administren 70% del presupuesto nacional.
La ley del Poder Popular contempla que los estados y municipios transfieran funciones de “gestión, administración, control de servicios y ejecución de obras” a las comunas.
No existe el pluralismo
Abogados han señalado que la comuna es excluyente porque al ser definida en la ley como socialista deja de lado el principio del pluralismo político. Además, le restan fondos a los alcaldes y gobernadores que son elegidos con el voto de todos los ciudadanos.
La ONG Acceso a la Justicia advierte en un análisis que “el modelo del Poder Popular sustrae competencias a los municipios, y los nuevos órganos del Estado comunal dependen del Ejecutivo nacional, lo que en realidad aleja el poder del ciudadano y centraliza aún más al país”.
Añade que la idea es “fortalecer la instauración de organizaciones del Poder Popular que actúan bajo la rectoría del Poder Ejecutivo, de quien depende incluso el otorgamiento del registro que permite su funcionamiento”.
El pasado 17 de diciembre Maduro afirmó que “los recursos van directo, sin intermediarios, sin gestores, para que la comunidad construya las obras que necesita: recuperación de escuelas, centros de salud, muros de protección”.
Nicolás Maduro ya utilizó la idea de una reforma constitucional para apuntalarse en el poder. En 2017, en medio de protestas a raíz de que el Parlamento con mayoría opositora elegido en 2015 había sido desconocido en la práctica, convocó a una Asamblea Constituyente que se declaró plenipotenciaria y cesó sus funciones en 2020 sin haber cambiado la Constitución.
La Asamblea Constituyente de 2017 solo tuvo como finalidad sustituir al Parlamento y aprobar una serie de normas, como la ley contra el odio, que aumentaron la represión.
La economía socialista
En el plano económico no está claro si el gobierno buscará reimpulsar la idea de nuevas estructuras, pero la reforma de la Ley del Poder Popular contempla como sistema económico a “organizaciones socio productivas bajo formas de propiedad colectiva y propiedad social comunal”.
Además define al “modo de producción de trabajo asociado” como la “organización de las trabajadoras y trabajadores" que se “asocian en igualdad de condiciones, basado en el esfuerzo propio y la ayuda mutua; toman decisiones democráticamente para producir y distribuir los excedentes de manera equitativa entre las trabajadoras y trabajadores directos y el resto de la sociedad”.
Acceso a la Justicia señala que “las autoridades no han renunciado a la idea de imponer un sistema socialista, a pesar de las medidas liberalizadoras que han aplicado en los últimos años en la economía y que han permitido superar la hiperinflación o acabar con la escasez de alimentos y medicinas”.
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