En un proceso poco transparente el gobierno busca una alianza con los empresarios venezolanos para transferir al sector privado una larga lista de empresas. El petroestado empobrecido necesita reducir gastos.
Víctor Salmerón
Prensa Presidencial
Atrás queda la etapa en la que Hugo Chávez tuvo como estrategia disminuir al sector privado, a través de una ola de expropiaciones que agigantó al Estado. Ahora Nicolás Maduro busca una alianza con los empresarios venezolanos mediante la privatización de entre 500 y 600 empresas públicas.
La falta de transparencia es evidente. El gobierno no ha publicado la lista con el nombre de las empresas a privatizar, se desconoce la valoración y tampoco hay información sobre los balances auditados con el detalle de la situación financiera.
Luigi Pisella, presidente de Conindustria, el gremio que agrupa a la manufactura privada, explicó que ya están disponibles unas 350 empresas. El esquema contempla la venta o alianzas para que de manera conjunta “se pongan a producir de una manera eficiente”.
“No está descartado nada, incluso que el Estado quede con una parte y el capital privado con otra”, dijo Pisella pero precisó que la operación y la gerencia estarán en manos del sector privado, algo que desde su punto de vista, “va a generar mucha confianza”.
“Lo que está planteado es que esa inversión sea nacional, después no está cerrada a la inversión extranjera, pero lo ideal es que seamos nosotros”, añadió.
Empresarios consultados explican que desde que el gobierno inició el acercamiento con el sector privado hace tres años, ha estado sobre la mesa la devolución de empresas que fueron arrebatadas a sus dueños sin pago alguno.
En algunos casos, se han devuelto bajo la condición de “cero publicidad”. En otros casos, los dueños han optado por rechazar la oferta en vista del deterioro de las empresas y las pocas posibilidades de reflotarlas en un entorno de reducción del mercado, crédito limitado y el elevado monto de los pasivos, que vienen incluidos con la devolución.
La mano visible
Durante la presidencia de Hugo Chávez el Estado se convirtió en el principal empresario del país. A través de la nacionalización, la expropiación y algunas inversiones pasó a controlar bancos, líneas aéreas, cementeras, siderúrgicas, empresas de telecomunicaciones, de electricidad y transporte.
En el sector de alimentos obtuvo el control de 283 empresas de café, arroz, carne, pescado, harina de maíz, lácteos, frutas, fincas y empaquetadoras, entre otras.
A la expansión del Estado se sumó el control de cambio, control de precios, control en la distribución de la mercancía y control sobre las exportaciones e importaciones.
Como un presagio de la ineficiencia y las pérdidas que caracterizarían a la mezcolanza de empresas públicas queda la anécdota de los helados. El 20 de octubre de 2012 Hugo Chávez inauguró la fábrica de helados Coppelia, pero dos semanas después admitió la paralización de la planta.
“Yo recuerdo que hicimos el pase y comimos helado ¡hasta Fidel Castro me mandó un mensaje!”, expresó malhumorado Hugo Chávez y apeló a la lógica: “Si se va a inaugurar una fábrica, ¿cómo es que nadie pensó en la materia prima? ¿Tú la vas a inaugurar para un día?”.
Hugo Chávez muestra un helado Coppelia
El déficit
Tras la muerte de Hugo Chávez en 2013, Nicolás Maduro persistió en la estrategia estatista hasta que el modelo implosionó por el declive de los precios del petróleo y dio paso a una violenta combinación de recesión e hiperinflación que redujo el tamaño de la economía a la cuarta parte.
En este entorno, al que se sumaron las sanciones de Estados Unidos y la caída de la producción de petróleo hasta menos de un tercio de lo que era en 1999, el año en que el chavismo se instaló en el poder, Maduro flexibilizó los controles y permitió la libre circulación del dólar.
El ajuste derivó en una frágil estabilización donde la inflación sigue siendo de las más elevadas en América Latina y el crecimiento, concentrado en el comercio, genera poco empleo y bajos salarios.
¿Qué busca la privatización de empresas públicas? Daniel Cadenas, director de Oikos Research, considera que el objetivo principal es reducir el impacto en el presupuesto nacional.
“Quieren cerrar el déficit fiscal, ya no es posible seguir aumentando los impuestos porque de lo contrario van a acabar con la actividad económica”, dice Daniel Cadenas.
De acuerdo con Ecoanalítica, de cada cien dólares que las empresas generan en ingresos operativos el Estado, a través del cobro de impuestos, se queda con sesenta dólares, el doble del promedio en América Latina.
A diferencia de las empresas privadas, donde las ineficiencias y la falta de previsión conducen a la quiebra, en las compañías públicas venezolanas es posible pastar en el presupuesto nacional y recibir dosis de dinero para vegetar y subsistir.
Pero el petroestado se empobreció y no hay acceso al crédito. Por sus problemas de legitimidad y reconocimiento, el gobierno de Nicolás Maduro no recibe financiamiento y el cobro de impuestos y el alicaído ingreso por petróleo no son suficientes. Por lo tanto, para cubrir parte del gasto recurre a la emisión de dinero.
El inconveniente es que la inyección de bolívares rápidamente acelera la inflación y aumenta la demanda de dólares, con lo que crece la presión para devaluar la moneda.
En la primera semana de noviembre la emisión de dinero para cubrir gasto del gobierno aumentó 114%, de acuerdo con los datos del Banco Central.
BCV
Daniel Cadenas añade que la urgencia por transferir empresas al sector privado también tiene como trasfondo que “muy probablemente el próximo año habrá una caída en los ingresos petroleros. Es una privatización a la carrera para disminuir el gasto y que entren ingresos a la caja del gobierno”.
La pérdida de empuje en la demanda de China y el aumento de la producción por países que no están en la OPEP han debilitado los precios del barril. Société Générale proyecta que al cierre del próximo año el Brent, la principal referencia del mercado, estará en 62,5 dólares, un descenso importante frente al precio actual de 72 dólares.
Además es probable que una vez Donald Trump asuma la presidencia de Estados Unidos, Washington endurezca las sanciones a Venezuela y ponga fin a las licencias que han permitido a empresas como Chevron aumentar su actividad en el país.
Participación de mercado
Un vuelo rasante indicaría que no hay condiciones muy favorables para la privatización que quiere hacer el gobierno. Tras el empobrecimiento de la población y la emigración de siete millones de venezolanos, la demanda se redujo y el tamaño de las plantas quedó sobredimensionado.
En promedio la manufactura privada solo está utilizando 43,8% de la capacidad instalada, mientras que en Brasil emplea 81% y en Colombia 79%. Un aspecto relevante es que las plantas están sobredimensionadas a pesar de que entre 2013-2023 el número de establecimientos industriales en manos del sector privado se redujo 68%.
Conindustria
Históricamente el sector privado venezolano ha exportado poco y en los últimos años su portafolio se ha concentrado en productos sin mayor complejidad como ron, cacao y camarones, por lo que no es previsible que en el corto plazo aumente el uso de la capacidad instalada por esta vía.
No obstante, Daniel Cadenas explica que el interés puede estar en incrementar la participación de mercado mediante la compra total o parcial de una empresa pública que esté operativa.
“Puede haber interesados en adquirir empresas para incrementar su participación de mercado o market share, de esta manera obtienes una mayor facilidad para aumentar los precios y compensar las ineficiencias”, dice Daniel Cadenas.
Yeltsin tropical
Una posibilidad latente es que al igual que en la Rusia de Boris Yeltsin, Maduro avance hacia un proceso de privatización de empresas públicas poco transparente que principalmente beneficie a grupos económicos, locales o extranjeros, cercanos al gobierno.
El 12 de octubre de 2020 fue aprobada la Ley Antibloqueo que otorga amplios poderes al gobierno para que de forma poco transparente, con la potestad de catalogar como confidencial determinadas transacciones, privatice o incremente la transferencia de la gestión de empresas estatales al sector privado.
La ley abre la puerta para que el sector privado gestione empresas que han sido estatizadas al prever que “los activos que se encuentren bajo administración o gestión del Estado venezolano como consecuencia de alguna medida administrativa o judicial” podrán “ser objeto de alianzas con entidades del sector privado”.
Además prevé que “el Ejecutivo Nacional procederá a inaplicar, para casos específicos, aquellas normas de rango legal o sublegal cuya aplicación resulte imposible o contraproducente” como consecuencia de las sanciones de Estados Unidos.
Las transacciones pueden permanecer ocultas “por tiempo determinado” y las autoridades “podrán otorgar el carácter de reservado, confidencial o de divulgación limitada a cualquier expediente, documento, información, hecho o circunstancia”.
El pasado 28 de noviembre Nicolás Maduro afirmó que “esa primera Ley Antibloqueo que tenía un perfil económico ha tenido un resultado impresionante, seguramente habrá que hacerle algunos ajustes para mejorarla ya con la experiencia”.
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